El sistema de financiación conocido como “Compra ahora, paga después”, o BNPL por sus siglas en inglés (Buy Now, Pay Later), ha irrumpido con fuerza en el comercio electrónico y en los entornos de venta física, transformando la manera en que las personas consumidoras acceden al crédito y gestionan sus compras. Lo que comenzó como una solución puntual para facilitar el pago de productos de importe medio, se ha convertido en una herramienta masiva de consumo que plantea serias dudas desde el punto de vista de la protección jurídica de quienes consumen.

Desde Federació UNAE Catalunya, observamos con preocupación cómo este modelo, aparentemente sencillo y sin costes, está generando un impacto creciente en la estabilidad financiera de los hogares. El atractivo del BNPL reside en su promesa de flexibilidad: cualquier persona puede adquirir un producto y fraccionar el pago en varias cuotas, normalmente sin intereses, sin necesidad de pasar por un proceso formal de solicitud de crédito. Esta simplicidad, sin embargo, es también su principal riesgo. Al no percibirse como un contrato de crédito, muchas personas no aplican los mismos criterios de prudencia que aplicarían ante un préstamo bancario, lo que facilita el consumo impulsivo y la acumulación de compromisos financieros que pueden resultar insostenibles.

El Banco de España ha alertado públicamente sobre las debilidades del modelo BNPL en materia de transparencia. En sus intervenciones más recientes, ha señalado que las explicaciones ofrecidas por los proveedores son insuficientes, que la información precontractual es deficiente y que las personas consumidoras no reciben una visión clara de las condiciones que están aceptando. Esta falta de calidad informativa vulnera los principios básicos del préstamo responsable y dificulta la toma de decisiones informadas. Además, la ausencia de interconexión entre plataformas impide que se evalúe adecuadamente la solvencia de quien consume, lo que puede derivar en situaciones de sobreendeudamiento encubierto.

La expansión del BNPL ha sido especialmente intensa entre personas jóvenes, que valoran la rapidez, la ausencia de intereses y la posibilidad de acceder a bienes sin disponer del importe total en el momento de la compra. Sin embargo, los estudios muestran que este grupo también presenta mayores niveles de riesgo crediticio, menor educación financiera y una mayor exposición a la precariedad laboral. En este contexto, el BNPL deja de ser una herramienta de gestión presupuestaria para convertirse en una vía de escape que puede agravar la vulnerabilidad económica.

Otro aspecto preocupante es la opacidad de los costes reales. Aunque los proveedores anuncian una TAE del 0%, las penalizaciones por demora pueden alcanzar importes significativos, y la extensión de plazos conlleva comisiones variables que no siempre se comunican con claridad. En la práctica, quien consume puede acabar pagando más de lo previsto, sin haber recibido una simulación completa del coste total del crédito. Esta situación vulnera el principio de transparencia recogido en la legislación de consumo y puede dar lugar a cláusulas abusivas si no se ha negociado individualmente ni se ha informado de forma clara y comprensible.

La regulación europea ha comenzado a reaccionar ante este fenómeno. La nueva Directiva 2023/2225 sobre crédito al consumo amplía el ámbito de aplicación para incluir los productos BNPL, incluso cuando se conceden sin intereses y por importes inferiores a 200 euros. Esta reforma pretende cerrar las lagunas que permitían a los operadores eludir las obligaciones de información, evaluación de solvencia y control publicitario. No obstante, la transposición de esta Directiva a los ordenamientos nacionales aún está en curso, y mientras tanto las personas consumidoras siguen expuestas a prácticas que no siempre respetan sus derechos.

Desde Federació UNAE Catalunya reclamamos que se refuercen los mecanismos de supervisión, que se obligue a los proveedores BNPL a evaluar la capacidad de pago de las personas usuarias antes de conceder el crédito, y que se garantice una información contractual clara, visible y comprensible. También exigimos que se limite la publicidad que presenta el BNPL como un “pago sin coste”, cuando en realidad puede generar comisiones y comprometer el equilibrio financiero de quien consume. La interconexión de datos entre plataformas es esencial para evitar que una persona acumule deudas en distintos sistemas sin que exista un control real de su situación crediticia.

El BNPL no es en sí mismo un producto nocivo. Puede ser útil para gestionar compras puntuales, siempre que se ofrezca con responsabilidad y transparencia. Pero en ausencia de controles adecuados, se convierte en una trampa de deuda invisible que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables. La comodidad no puede estar por encima de la protección jurídica. Por eso, insistimos en que la regulación debe avanzar con rapidez, que la supervisión debe ser efectiva y que la información debe ser veraz, completa y accesible.

La innovación financiera no puede desligarse de la ética ni de la responsabilidad social. Ofrecer crédito sin comprobar la capacidad de pago de la persona usuaria es como vender un coche sin frenos. Las empresas que operan en el sector BNPL deben asumir que están financiando consumo, y por tanto deben cumplir con los mismos estándares que cualquier entidad de crédito. Solo así se podrá garantizar que el BNPL sea una herramienta útil, y no una fuente de vulnerabilidad económica para miles de personas consumidoras.