Las tarifas del transporte público aumentarán un 3%. La T-usual de una zona costará 22 euros, 65 céntimos más que hasta ahora, y la T-jove subirá hasta los 44 euros. A pesar de esto, se mantendrán los descuentos del 50% en los abonos hasta finales de año para incentivar el uso del transporte público. La gratuidad de Rodalies se prorrogará seis meses para las personas viajeras habituales, después de lo cual se prevé una tarifa plana de 20 euros mensuales.

El sector energético también verá incrementos significativos. El IVA de la luz pasará del 10% al 21%, lo que aumentará las facturas de los hogares hasta 118 euros anuales en las tarifas libres y 106 euros en la regulada. Los municipios del Área Metropolitana de Barcelona aplicarán un aumento medio del 5,95% en las tarifas del agua, equivalente a unos 1,5 euros cada dos meses. Esta medida, motivada por las inversiones en la red debido a la sequía, afectará a todas las familias, con incrementos que van del 2,9% para quienes tienen un consumo más bajo, hasta el 6,72% para quienes consumen más. Además, la tasa de residuos aumentará en muchos municipios para cumplir con la normativa estatal que obliga a cubrir el 100% del coste de recogida. En Barcelona, el ayuntamiento ha calculado un impacto anual de entre 5 y 10 euros, vinculado al recibo del agua, mientras que municipios como Sant Cugat del Vallès, que no aplicaban esta tasa, tendrán que incorporarla con la entrada en vigor de la nueva ley.

En cuanto a los alimentos, el IVA de los productos básicos como el aceite de oliva, la leche, el pan y los huevos volverá a ser del 4%, mientras que las pastas y los aceites de semillas se elevarán hasta el 10%. Esta revisión de los tipos impositivos se debe a la recuperación de los niveles de IVA previos a la crisis inflacionaria y a las recomendaciones de la Comisión Europea para deshacer las políticas excepcionales adoptadas durante la crisis de precios. Consideramos que esta medida es necesaria, pero supone un nuevo golpe a las economías más vulnerables que ya están enfrentando otros incrementos de gastos esenciales.

Los peajes que cobra la Generalitat de Cataluña también sufrirán un incremento de los precios de entre el 1,7% y el 1,8%. El Túnel del Cadí y los Túneles de Vallvidrera son algunos de los tramos afectados, con aumentos del 1,71% y 1,72%, respectivamente. También se incrementarán los precios de la C-32 entre Castelldefels y El Vendrell, y de la C-16 entre Terrassa y Manresa. Aunque se mantienen las bonificaciones para los vehículos de cero y bajas emisiones, la subida de los precios es una carga adicional para las personas que necesitan utilizar estas infraestructuras regularmente.

Entre las noticias más positivas encontramos que en cuanto a las pensiones, las mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas aumentarán un 9%.

A partir de enero, entra en vigor el nuevo índice para calcular la subida del precio del alquiler cuando toque hacer la revisión anual: el denominado Índice de Referencia de Arrendamientos Urbanos. Este índice sustituye al IPC como referencia para actualizar los alquileres, afectando solo a aquellos contratos de alquiler firmados después del 25 de mayo de 2023. El nuevo índice también tiene en cuenta el IPC, pero introduce valores correctores para moderar el incremento del precio de los alquileres en caso de que la inflación supere el 2%. Por ejemplo, si el IPC es un 5%, solo se aplicará un 3,5% de incremento del alquiler. El índice se publicará mensualmente y se calculará con la tasa más baja entre el IPC, el IPC subyacente y una nueva tasa creada expresamente para el cálculo del alquiler. Este cambio pretende evitar incrementos desproporcionados en la renta, pero deja desprotegida a la mayoría de arrendatarios con contratos anteriores a mayo de 2023, según denuncia el Sindicato de Inquilinas.

El 2025 comienza con novedades importantes para las personas usuarias de telefonía móvil. Las principales operadoras, como Movistar, Orange y Vodafone, han anunciado un aumento de las tarifas a partir de enero de 2025. Este incremento estará vinculado a la actualización de los precios conforme al IPC. Las compañías han comenzado a comunicar los cambios en los precios mediante facturas, SMS, correos electrónicos y notificaciones a través de sus aplicaciones móviles. Si eres cliente de alguna de estas operadoras, es probable que ya hayas recibido información sobre el aumento. Es importante destacar que la ley obliga a las compañías a notificar estas modificaciones con al menos un mes de antelación para que las personas usuarias puedan tomar decisiones informadas. Vodafone aplicará esta subida desde el 1 de enero de 2025, mientras que Movistar lo hará desde el 13 de enero de 2025 y Orange desde el 27 de enero de 2025.

Una de las preguntas frecuentes ante una subida de tarifas es si se puede rescindir un contrato con permanencia sin penalización. La respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones: incumplimiento del contrato por parte de la operadora, o falta de notificación previa con al menos un mes de antelación.

Finalmente, el 2025 se prevé una bajada de los tipos de interés, impulsada por el Banco Central Europeo, que aliviará las hipotecas de tipo variable. Con el Euríbor situado en el 2,51%, los hogares notarán una reducción progresiva de las cuotas a lo largo del año, con la previsión de que los tipos lleguen al 2% a finales de año. Esta medida supondrá un alivio para muchas familias que han estado luchando con hipotecas elevadas durante los últimos años.

En conclusión, el año 2025 supondrá un reto para las familias y personas consumidoras, que tendrán que adaptarse a una serie de cambios significativos en sus gastos cotidianos. Como asociación de personas consumidoras, defendemos la necesidad de un mayor apoyo por parte de las administraciones para minimizar el impacto económico y garantizar los derechos de las consumidoras en un contexto de precios crecientes. Es esencial que se tomen medidas adicionales para proteger las economías más vulnerables y asegurar un acceso justo y equitativo a los servicios básicos para todas las personas.