Cada vez que una persona entra en el supermercado, se encuentra con una realidad que llevamos meses viviendo: la comida es más cara. Y si hay un producto que lo ha evidenciado, es el aceite de oliva. En 2024, el precio del virgen extra superó los 900 euros por cada cien kilos, y el litro llegó a costar hasta 15 euros en algunos establecimientos. En Cataluña, muchos comercios limitaron la compra a una o dos botellas por persona. Familias que antes compraban garrafas tuvieron que pasar a formatos pequeños. Restaurantes modificaron sus cartas. Y muchas personas optaron por aceites alternativos, como el de girasol, que también subieron de precio. Todo ello, debido a una sequía persistente que afectó a las principales zonas productoras: Andalucía, el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, y también regiones de Italia y Grecia. La cosecha de 2023 fue un 50% inferior a la del año anterior, y la de 2022 ya había sido mala. Dos años seguidos de cosechas escasas dispararon los precios y evidenciaron la fragilidad del sistema.

Este caso no es una excepción. Lo que ha ocurrido con el aceite de oliva se ha repetido con muchos otros alimentos: frutas, verduras, cereales, café, cacao, legumbres, naranjas, cebollas, patatas… Todos han sufrido las consecuencias de un clima que ya no sigue patrones previsibles. Las olas de calor, la falta de lluvia, las inundaciones y las tormentas extremas han reducido las cosechas en todo el mundo. Y eso ha hecho subir los precios de forma generalizada. El cambio climático no es la única causa, pero sí uno de los principales motores de esta nueva inflación alimentaria que afecta lo que comemos y lo que podemos pagar.

Este aumento de precios tiene un impacto directo en el día a día de muchas personas. Cuando los alimentos frescos se encarecen, es habitual que se reduzca el consumo de fruta, verdura o pescado, y que se busquen alternativas más económicas, aunque a menudo menos saludables. Esto puede afectar la calidad de la dieta, especialmente en hogares con presupuestos ajustados. Además, la incertidumbre sobre los precios y la disponibilidad de ciertos productos genera preocupación entre los consumidores, que ven cómo la cesta de la compra se vuelve más difícil de gestionar.

El Banco Central Europeo encargó un estudio que analizó varios episodios climáticos extremos entre 2022 y 2024 y su impacto en los precios de los alimentos. Las conclusiones son claras: cuando hay una sequía, una inundación o una ola de calor, los cultivos se reducen, la oferta baja y los precios suben. Este patrón se ha repetido en múltiples países y con diversos productos, y cada vez es más frecuente. Muchos de estos fenómenos no tienen precedentes en los registros históricos anteriores a 2020, lo que confirma que el clima ya no sigue las pautas habituales.

En Cataluña, la sequía de 2023 afectó especialmente a las comarcas de Lleida, Tarragona y el Empordà. La falta de lluvia, combinada con temperaturas elevadas, hizo caer la producción de cereales, fruta dulce y hortalizas. Y eso tuvo un impacto directo en los precios de los alimentos. En este contexto, el clima ya no es un factor secundario: se ha convertido en uno de los principales motores de la inflación alimentaria, tanto a escala local como global. Aunque el cambio climático también tiene efectos en otros sectores económicos —como el transporte, el turismo o la energía—, es en la alimentación donde los consumidores lo notan de forma más inmediata y cotidiana.

El sector energético es uno de los que más claramente muestra cómo el cambio climático afecta al coste de vida. Las sequías prolongadas han reducido la capacidad de las centrales hidroeléctricas, especialmente en Cataluña, donde embalses como el de Sau o el de Rialb han estado por debajo del 25% durante meses. Esta caída de reservas ha obligado a recurrir a fuentes alternativas más caras o menos sostenibles, como el gas natural, lo que ha repercutido directamente en el precio de la electricidad.

Además, las olas de calor disparan el consumo energético para refrigeración, tanto en viviendas como en comercios. Durante los meses de verano, el uso de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de climatización se ha convertido en un gasto fijo para muchos hogares, especialmente en zonas urbanas con poca ventilación natural. Según datos recientes, la demanda eléctrica vinculada a la refrigeración ha aumentado un 30% en algunos municipios catalanes respecto a hace cinco años. Esto no solo incrementa la factura de la luz, sino que acentúa la desigualdad: las personas que no pueden asumir este coste sufren más directamente los efectos del calor extremo.

Muchas personas han visto cómo el recibo eléctrico se disparaba, a pesar de mantener los mismos hábitos de consumo durante el resto del año. La climatización ya no es un lujo puntual, sino una necesidad recurrente que impacta en el presupuesto mensual.

El cambio climático también está empezando a impactar el sector de los seguros del hogar, y eso tiene consecuencias directas para los consumidores. Las compañías aseguradoras han comenzado a revisar las condiciones de las pólizas en zonas consideradas de riesgo climático, como áreas propensas a inundaciones, incendios forestales, tormentas intensas o fenómenos atmosféricos recurrentes. Estas revisiones pueden traducirse en primas más altas, en exclusiones de cobertura o en limitaciones a la hora de contratar nuevas pólizas, especialmente en viviendas situadas en zonas rurales o periféricas.

Ya se han detectado casos en los que las aseguradoras han modificado las condiciones para cubrir daños causados por lluvias torrenciales, desbordamientos o incendios forestales. Algunas pólizas incluyen coberturas específicas para fenómenos atmosféricos, pero a menudo con franquicias elevadas o con límites de compensación que no cubren la totalidad de los daños. Según datos publicados por diversas entidades del sector, el coste medio de un seguro multirriesgo del hogar ha aumentado entre un 8% y un 12% en los últimos dos años, especialmente en zonas con historial de siniestros climáticos.

Todo esto ha ocurrido sin que las administraciones hayan reaccionado con la contundencia necesaria. No se han activado planes de emergencia alimentaria. No se han creado reservas estratégicas. No se han impulsado ayudas directas a las personas más afectadas. Tampoco se ha reforzado el apoyo a los pequeños productores, que son quienes más sufren las consecuencias del cambio climático. Y mientras tanto, se ha permitido que las aseguradoras y las eléctricas actúen con total impunidad, modificando condiciones, subiendo precios y restringiendo coberturas según sus intereses. En lugar de regular o limitar estos abusos, las instituciones han mirado hacia otro lado, dejando que el peso de la crisis climática recaiga sobre la ciudadanía.

Para los consumidores, esto significa que hay que estar preparados para un escenario en el que el precio de la comida no será estable. Habrá que adaptar los hábitos de compra, buscar alternativas locales, apoyar a los productores de proximidad, y exigir políticas públicas que protejan el derecho a una alimentación saludable. Las cooperativas, los mercados municipales, los grupos de consumo responsable y las iniciativas de agricultura urbana pueden jugar un papel clave. Pero también es necesario que las administraciones actúen: con ayudas directas, con regulación, con educación alimentaria, y con inversiones en infraestructuras que hagan más resiliente el sistema.

Detener el calentamiento global sería, sin duda, la solución más lógica y estructural para evitar que la crisis climática siga afectando a la economía y a la vida cotidiana. Pero la realidad es tozuda: los grandes líderes mundiales ya han demostrado que no lo harán. Las cumbres internacionales acumulan declaraciones, promesas y objetivos que no se cumplen. Las emisiones siguen aumentando, las medidas son insuficientes, y las decisiones que habría que tomar —reducir el consumo de combustibles fósiles, transformar el modelo agrario, proteger los ecosistemas— se posponen o se diluyen. Mientras tanto, las consecuencias las sufren los consumidores, que ven cómo el coste de vivir en un planeta desestabilizado recae sobre sus espaldas.