El contexto de inflación implica un inevitable incremento de precios de los servicios públicos para 2023, aunque algunas de las medidas para paliar su efecto mantendrán congelados los precios de algunos de estos servicios.

Entre los servicios que han subido de precio con la llegada de 2023 están los peajes, carburantes, taxis y gas. Por otra parte, el transporte público mantendrá como mínimo durante 6 meses las rebajas impulsadas el pasado mes de septiembre, con la excepción de la tarjeta de transporte T-Casual que perderá esta bonificación (volverá a costar 11,35 euros y los títulos adquiridos serán válidos hasta el próximo 15 de enero). Por tanto, Cercanías mantendrá la gratuidad de los viajes de Cercanías y Media Distancia para los casos de viajeros habituales, siendo necesario renovar la solicitud.

Otra bonificación que desaparece es el descuento de 0,20 euros al litro de carburante, que sólo se mantendrá por profesionales del transporte hasta el 31 de marzo, cuando descenderá a 0,10 euros hasta el 30 de junio.
Los peajes que todavía permanecen vigentes, y que son gestionados por la Generalitat, se incrementan entre un 6,5% y un 7,3%, dependiendo del tramo. En cambio, se prevé que ciertos tramos de la C-31 y la C-32 pasen a ser gratuitos a lo largo del año, y se mantienen las bonificaciones en el peaje de Vallcarca y en la C-16 en Sant Vicenç de Castellet.

En cuanto a las tarifas de taxi el incremento será del 5,1% en el área metropolitana en la tarifa 1 (de lunes a viernes durante todo el día), y subirán un 6,2% en la tarifa 2 (noches , sábados y festivos). Además, la bajada de bandera será 0,25 euros más alta, hasta los 2,55 euros. Sólo mantendrá el precio de la tarifa 4, la que se aplica a precio fijo entre el Aeropuerto de Barcelona y el Moll Adossat.

Los clientes de la tarifa regulada del gas sufrirán un incremento del 8,7%. En concreto, por tipos de tarifas la 1 (un consumo inferior a 5.000 KWh/año), el aumento de la factura anual sin impuestos será del 7,54%; en la tarifa 2 (entre 5.000 KWh/año y 15.000 KWh/año) del 8,94% y en la tarifa 3 (entre 15.000 KWh/año y 50.000 KWh/año) del 9,21%. De momento la reducción del IVA del gas y la luz en el 5% se mantiene hasta junio, y la factura del butano permanece congelada en 19,55 euros.

La temida factura eléctrica seguirá dependiendo del fluctuante mercado energético, pero en lo que se refiere a los costes fijos se prevé una rebaja del 1,05% de los peajes y de un 9,21% de los cargos del sistema.

En cuanto al agua, cada municipio debe regular los precios para 2023. En este sentido AMB ya ha anunciado que congela el precio de la tasa metropolitana de tratamiento de residuos.

El sector de las telecomunicaciones augura una subida de precios generalizada debido al incremento de gastos en el sector. Para empezar, Movistar incrementará precios en un 6,8% y Vodafone subirá una media de 4 euros sus tarifas a finales de enero.
Por lo que se refiere al correo postal, la carta nacional ordinaria de hasta 30 gramos, el producto más utilizado con diferencia, sube un 4%, o lo que es lo mismo, 3 céntimos y se sitúa en 0,78 euros.

A pesar de la subida de precios de algunos servicios, la otra cara de la moneda es la rebaja del 4% al 0% del IVA de los productos de primera necesidad, rebajando de un 10% a un 5% el aceite y la pasta.

Otra buena noticia es la prórroga del límite del 2% en el aumento interanual de los contratos de alquiler indexados en el IPC, a lo que se añade la posibilidad de prolongar los contratos de alquiler que lleguen a su finalización durante 6 meses manteniendo el mismo precio.

La situación actual hace inevitable que los precios de algunos sectores deban actualizarse, mientras que los gobiernos tendrán que tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a todos los servicios esenciales a todos los hogares, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Todo esto no será posible si el poder adquisitivo de la ciudadanía no se ve incrementado en la misma medida que los precios. En este sentido, las pensiones se incrementarán un 8,5% y el salario mínimo interprofesional subirá entre un 4,6% y un 8,2%, junto con medidas favorables a las prestaciones por desempleo. La otra cara de la moneda son los funcionarios de la Generalitat de Catalunya, que sólo verán incrementado un 2,5% su sueldo, con un posible punto más en función de la inflación, y los trabajadores por cuenta ajena que no estén amparados por un convenio colectivo favorable.