El mapa musical del verano en España se ha llenado de festivales en casi todos los rincones del territorio. Los festivales se han consolidado como una experiencia de consumo masivo. La oferta se ha multiplicado, se han registrado asistencias récord y se ha reactivado la economía de una industria cada vez más lucrativa. Pero tras los titulares de éxito se esconden numerosas señales de alarma y una constatación incómoda: los derechos de las personas que asisten a estos eventos no siempre son respetados.

Una de las principales preocupaciones es la falta de claridad en la compra de entradas. Los recargos por “gastos de gestión” pueden alcanzar los 30 o 35 euros por entrada, sin que se comuniquen previamente ni se explique en qué se basan. En ocasiones, estos recargos son un porcentaje del precio total o varían según la demanda, aplicando precios dinámicos que dejan al consumidor sin control ni referencias. Muchos de estos gastos solo aparecen al final del proceso de compra, lo que vulnera la normativa vigente sobre información previa.

Los cambios de última hora en la programación o en la ubicación también se han convertido en un motivo de controversia recurrente. Cuando una actuación destacada se cancela o cuando el evento se traslada de ciudad o de fecha, se produce una alteración sustancial del contrato inicial. El derecho al reembolso debería estar garantizado en estos casos, incluyendo los gastos asociados como transporte o alojamiento. Sin embargo, las políticas de devolución imponen a menudo plazos muy breves, trámites engorrosos o una negativa directa si la organización considera que el cambio no es “suficientemente relevante”.

En el ámbito de infraestructuras y servicios, las críticas se han intensificado. Las dificultades para acceder a agua potable, el cobro de hasta 2,5 euros por vasos reutilizables sin opción de devolución, la escasez de baños en número y condiciones adecuadas, o las prohibiciones para entrar y salir del recinto han sido habituales. En algunos casos se ha impedido acceder con alimentos o bebidas del exterior, aunque la normativa establece que estas restricciones no pueden aplicarse de forma indiscriminada si la actividad principal no es la hostelería.

Estas prácticas vulneran derechos básicos y reconocidos. Las personas asistentes tienen derecho a:

• Acceder con comida y bebida propia, especialmente si la oferta interna es insuficiente, cara o impuesta.
• Disponer de puntos de agua potable gratuitos, especialmente en eventos al aire libre y en condiciones climáticas adversas.
• Pagar en efectivo, sin que se imponga como único sistema de pago una pulsera o aplicación digital, y sin comisiones abusivas para recuperar saldos no utilizados.

Incumplir estas garantías no es solo una mala práctica: puede tener consecuencias legales y supone una vulneración directa de la normativa en materia de consumo.

También se ha denunciado una saturación de aforos que compromete la seguridad. Casos de colas de varias horas para salir del recinto, escasez de puntos de agua y desmayos por golpes de calor. Otros festivales han sido cancelados por no cumplir requisitos administrativos mínimos, como protocolos de seguridad o permisos del espacio elegido. Incluso se han detectado prácticas como cobrar por volver a imprimir una entrada, por cambiar el nombre del abono o por tener derecho a una ducha si se pernocta en la zona de acampada.

La evolución del sector ha llevado a algunos expertos a hablar de “ryanairización” de los festivales: una estrategia centrada en maximizar ingresos a base de fragmentar la experiencia en servicios básicos que antes se ofrecían como parte del paquete completo. El acceso prioritario, el pago exclusivo a través de pulseras, la venta interna de complementos esenciales y las comisiones por cualquier gestión se están generalizando.

El impacto social y económico de los festivales no está en duda. Pero si el modelo actual quiere ser sostenible, será necesario abordar con urgencia la protección de los derechos de quienes hacen posibles estos eventos: el público. Información clara, condiciones justas, respeto a la normativa y espacios seguros no pueden ser un lujo, sino un requisito mínimo. La música no puede justificar el silencio administrativo frente a los abusos.