El Ministerio de Derechos Sociales, Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas por considerarlos ilegales y contrarios a la normativa de varias comunidades autónomas. Esta decisión llega tras meses de investigación y requerimientos por parte de la Dirección General de Ministerio de Consumo, que ha detectado infracciones en la publicidad de estos alojamientos y ha instado a la multinacional a eliminarlos de su plataforma.
Esta acción se basa en diversas irregularidades que vulneran las regulaciones autonómicas sobre alquiler turístico. Uno de los problemas principales es que muchos anuncios no incluyen el número de licencia o registro, un requisito obligatorio en varias comunidades autónomas para garantizar la legalidad del alojamiento y evitar la proliferación de viviendas fuera de normativa. Esto dificulta que las personas consumidoras puedan verificar si el alojamiento reservado cumple con la normativa o si se trata de una oferta ilícita.
Otro punto de conflicto es la falta de información sobre la naturaleza jurídica de quienes alquilan las viviendas. Los anuncios no especifican si la propiedad pertenece a una persona particular o a una empresa, lo cual es fundamental para determinar si quienes contratan están protegidos como consumidoras. Sin esta información, pueden generarse confusiones legales que dejan a las personas consumidoras en una posición de vulnerabilidad ante posibles irregularidades en la transacción.
Además, el análisis del Ministerio de Consumo ha detectado anuncios que incorporan números de licencia falsos o incorrectos. Esta práctica engaña a las personas consumidoras, haciéndoles creer que los pisos son legales cuando, en realidad, podrían operar fuera de la regulación establecida. Esta situación no solo perjudica a quienes buscan alojamiento, sino que también contribuye a la proliferación de alquileres turísticos no regulados, con un impacto negativo en el mercado de la vivienda.
La respuesta de Airbnb a esta sanción ha sido la presentación de un recurso ante los tribunales para evitar el bloqueo de los anuncios. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un auto que avala las actuaciones del Ministerio y ordena la retirada inmediata de 5.800 anuncios como primera medida. Las viviendas afectadas se encuentran en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco, territorios donde la regulación del alquiler turístico es especialmente estricta.
Esta medida forma parte de una acción más amplia por parte del Ministerio de Consumo para combatir el impacto negativo del alquiler turístico en el mercado de la vivienda, una problemática que se ha agravado en los últimos años. La proliferación de este tipo de viviendas ha reducido la oferta de alquiler residencial y ha provocado un aumento alarmante de los precios, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde la gentrificación y la presión turística han dificultado el acceso a la vivienda para la población residente.
En respuesta a esta crisis, diversas administraciones han comenzado a tomar medidas para restringir el crecimiento descontrolado de los alquileres turísticos. Madrid ha aprobado el Plan Reside, que prohibirá las viviendas turísticas en edificios con otras personas residentes a partir de agosto de 2025, excepto si tienen un acceso independiente. Barcelona también prepara una normativa similar, que entrará en vigor en 2028 y que tiene como objetivo reducir la presencia de estos alojamientos en el centro de la ciudad.
Además de la sanción a Airbnb, el Ministerio de Consumo ha abierto varios expedientes sancionadores contra otros actores del sector inmobiliario. En diciembre de 2024 se inició una investigación contra una plataforma de alquiler turístico por posibles infracciones en la publicidad del número de licencia. En febrero de 2025, se abrieron expedientes contra grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica de quienes ofrecen los alojamientos. Y el pasado 27 de marzo, se sancionó a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra las personas inquilinas, como la obligación de contratar seguros adicionales para poder acceder al alquiler.
Desde Federació UNAE Catalunya, consideramos que estas medidas son necesarias para frenar la expansión descontrolada del alquiler turístico, proteger a las personas consumidoras y evitar prácticas abusivas por parte de las plataformas y empresas inmobiliarias. Este tipo de regulaciones contribuyen a garantizar un acceso justo y equitativo a la vivienda, un derecho fundamental que se ha visto afectado por la especulación y la presión del mercado inmobiliario.
Las personas consumidoras deben ser conscientes de sus derechos y exigir que las plataformas de alquiler cumplan con la normativa vigente. Desde nuestra Federación, recomendamos a la población usuaria que revise la información de los anuncios antes de hacer una reserva, compruebe la licencia del alojamiento y denuncie cualquier práctica abusiva que detecte. Además, es importante seguir de cerca las regulaciones en materia de alquiler turístico y las acciones de las administraciones para asegurar una gestión transparente y responsable del mercado inmobiliario.